Comunidad academica La reforma educacional busca preparar a tecnocratas y mano de obra barata

Un grupo de destacados académicos expresó su rechazo a la “Reforma Educacional” impulsada por el Gobierno y exigió al ministro de Educación, Joaquín Lavín, que retire la suma urgencia del proyecto de ley que contiene, entre otras cosas, la disminución de las horas de Historia y Geografía, Ciencias Sociales y Tecnología de las mallas curriculares de los colegios. Los docentes afirmaron que con esta medida se pasará de “educar” a “instruir”.

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Como “insidiosas y peligrosas” fueron catalogadas las medidas del Gobierno en materia de educación por el “Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales en la Educación Chilena”.

Importantes académicos, Premios Nacionales y representantes estudiantiles asistieron al Colegio de Profesores, que fue tribuna para manifestar el más enérgico rechazo a la manera en la que el Ejecutivo está manejando esta “reforma educacional”.

Los docentes expresaron su molestia ante estas decisiones adoptadas de forma unilateral, sin consultar a los actores involucrados y, sobre todo, sin brindar una justificación basada en argumentos técnico-pedagógicos suficientes.

“Nos oponemos a la decisión ministerial porque muestra un claro desconocimiento del debate sobre el tema y se funda en la presentación de argumentos parciales y tergiversados sobre lo que conduciría al mejoramiento educativo. Estas propuestas se inspiran en experiencias internacionales parciales y completamente ajenas a nuestra realidad social, económica y cultural. Sorprende, de hecho, la total carencia de ideas y argumentos que trasciendan la caprichosa y reduccionista idea de que los sectores de matemáticas y lenguaje son la base de toda la educación”, sentenció la académica, María Soledad Jiménez.

Los expertos indicaron que no se trata del número de horas, sino de cómo estas sean utilizadas y recordaron que el mismo James Heckman, Premio Nobel de Economía, advirtió que este tipo de cambios fue un verdadero fracaso en los Estados Unidos.

En este sentido, el historiador de la Universidad de Chile, Segio Grez, afirmó que “el ministro no está actuando como un especialista en educación sino que como un mero y simple operador político puesto en este ministerio para llevar adelante reformas y cambios que apunten a fines políticos”.

Grez sostuvo que estas iniciativas “cercenan aún más” las posibilidades de generar espacios de pensamiento crítico y aseguró “aquí se quiere educar a tecnócratas y mano de obra barata medianamente calificada y ese es el objetivo oculto”.

Los docentes indicaron que la clave está en conservar una educación integral, más que generar un aumento de horas que sólo garantiza un perfeccionamiento en pruebas estandarizadas, lo que delata la intención de cambiar el sentido de la enseñanza en nuestro país desde “Educación” a “Instrucción”.

Estos puntos fueron reforzados por la Premio Nacional de Educación, Viola Soto, y el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quienes apuntaron a la necesidad de detener el proceso histórico que implica la mercantilización de nuestro sistema educativo.

Por eso hicieron un llamado al ministro de Educación, Joaquín Lavín, a retirar la suma urgencia al proyecto de ley con consagra estas medidas y a abrir un debate nacional en educación. Mientras, Gabriel Salazar fue más lejos, incitando a la población a construir una propuesta para evitar que la historia “nos vuelva a pasar por encima”.

“Si no planteamos un proyecto de forma consistente, definida y permanente, en el tiempo esto se va a olvidar. Es importante reaccionar, pero una simple respuesta coyuntural se diluye y perdemos una vez más. A 200 años de nuestra historia y a muchos de este modelo, es necesario crear un actor reflexivo y propositivo que denuncie y se movilice con una propuesta lo suficientemente sólida para imponerla, porque si no se hace eso, nos quedamos sólo en la protesta y eso no sirve de mucho”, indicó el académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile.

Los docentes retiraron que esta reforma “no tiene nada nuevo” y que sólo consolida el proceso privatizador implementado durante la década de los 80 en la dictadura militar y profundizada durante los gobiernos de la Concertación.